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Castro y Reyes Retana Abogados S.C., es un despacho especializado en materia penal, cuya característica fundamental es la atención personalizada y eficiente. La firma asesora tanto a empresas del sector público y privado como a personas físicas. Se destaca por la experiencia y juventud de sus socios lo que la ha posicionado como una de las mejores firmas de derecho penal del país.

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Las empresas ofendidas en el juicio de amparo en materia penal

SE RECOMIENDA A LAS EMPRESAS OFENDIDAS EN LA COMISIÓN DE UN DELITO QUE ACUDAN CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO A LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL PROMOVIDOS POR EL ACUSADO DE HABER COMETIDO O PARTICIPADO EN EL DELITO DE QUE SE TRATE.

CON MOTIVO DEL RECIENTE CRITERIO SOSTENIDO POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ATENDIENDO AL PROCESO LEGISLATIVO QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS EMPRESAS OFENDIDAS EN LA COMISIÓN DE UN DELITO PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUIDICADO, SIEMPRE Y CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO.


A partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis Jurisprudencial 114/2009 [1], las empresas que hubieren resultado ofendidas en la comisión de un delito pueden acudir, a través de sus representantes legales y con el carácter de tercero perjudicado [2], al juicio de amparo indirecto en materia penal, con objeto de hacer valer argumentos tendientes a que se niegue la protección constitucional al quejoso acusado de haber cometido o participado en el delito y, que ello, tenga como consecuencia que el acto reclamado y el derecho a la reparación del daño subsistan.

Lo trascendente de dicha tesis Jurisprudencial es que permite acudir al juicio de amparo indirecto a las empresas ofendidas en la comisión de un delito, aún cuando el acto reclamado no importe un pronunciamiento respecto a la reparación del daño, o el acto procesal de que se trate no afecte directamente esa figura reparatoria (orden de aprehensión, auto de formal prisión, incidente de libertad por desvanecimiento de datos o cualquiera otra resolución durante el procedimiento penal), ya que de facto, de concederse el amparo al quejoso acusado de haber cometido o participado en el delito, lo reparación del daño ya no ocurriría. 

Lo anterior se explica ya que si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo, solo pueden intervenir con el carácter de tercero perjudicado el ofendido o las personas que, conforme a la Ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; también lo es que, con motivo de las reformas que durante la última década ha tenido el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [3], la disposición de la Ley de Amparo antes referida resulta parcialmente incompatible con la garantía ampliada de reparación del daño a favor de la víctima u ofendido en la comisión de un delito. 

En efecto, debe prevalecer el derecho público subjetivo de la reparación del daño sobre lo dispuesto por el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo. Como se advierte de las reformas constitucionales aludidas, se consignan amplias prerrogativas a la víctima o el ofendido para coadyuvar con el ministerio público o para actuar como parte independiente, así como para que se le reciban todos los datos o elementos de prueba, tanto en la investigación ministerial como en el proceso y, en especial que se le repare el daño ocasionado con la comisión del delito de que se trate, obligando a la representación social, en cuanto proceda, a formular la reclamación correspondiente y al juzgador a condenar a dicha reparación cuando emita una sentencia condenatoria.

En el mismo tenor, el artículo 10 de la Ley de Amparo establece que la víctima y el ofendido son titulares del derecho de exigir la reparación del daño proveniente de la comisión de un delito, y que con tal carácter podrán promover el juicio de amparo contra las resoluciones del ministerio público que confirmen el desistimiento o el no ejercicio de la acción penal, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a esta impugnación.

De ello se colige que tratándose de resoluciones judiciales que causen a las empresas ofendidas un agravio personal y directo en alguna de las garantías que el artículo 20 Constitucional consagra en su favor, o bien, en la que exista interés de que subsistan para obtener la reparación del daño causado por la comisión de un delito, las empresas están legitimadas para acudir al juicio de amparo, ya sea como quejoso o en su carácter de tercero perjudicado, según sea el caso, toda vez que el espíritu del constituyente permanente fue el de proteger ampliamente el derecho público subjetivo del ofendido a obtener la reparación del daño ocasionado con motivo del delito cometido en su agravio.

Por todo lo anterior, aún y cuando el artículo 5 de la Ley de Amparo no ha sufrido la modificación necesaria en cuanto a que específicamente se reconozca al ofendido o a la víctima en la comisión de un delito el carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo indirecto, cuando se esté ante la presencia del derecho lícito de que subsista la decisión jurisdiccional, por afectar o por la probable afectación a la procedencia de la reparación del daño con motivo de la comisión del delito -que ocurriría de concederse la protección constitucional al quejoso acusado de haber cometido participado en el delito de que se trate-; es procedente que la víctima u ofendido en la comisión de un delito, acuda al juicio de amparo en su carácter de tercero perjudicado como reconoció recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis Jurisprudencial 114/2009, ya que la norma constitucional debe prevalecer, en atención al principio de jerarquía constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Evidentemente, la procedencia de acudir al juicio de amparo indirecto por parte de las empresas ofendidas en la comisión de un delito, solo se limitará a aquellos casos en los que la garantía constitucional a la reparación del daño resulte aplicable por haber sufrido alguna afectación de carácter patrimonial, lo que no ocurre en delitos cometidos en grado de tentativa o en el caso del fraude procesal cuando solo se haya puesto en peligro el patrimonio de la empresa pero este no se hubiere visto afectado.

 

 

[1] Tesis Jurisprudencial que se originó al resolverse la Contradicción de Tesis 146/2008-PS, entre las sustentadas por el Segundo y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintiocho de octubre de dos mil nueve, la cual se encuentra pendiente de publicación en el “IUS”, pero puede consultarse en la página de tesis de la Sala aludida, en la red jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: “OFENDIDO O VÍCITIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA.”

[2] El tercero perjudicado es quien, en términos generales, resulta beneficiado con el acto que el quejoso reclama en el juicio de amparo y tiene, por lo mismo, interés en que tal acto subsista y no sea destruido por la sentencia que en el mencionado juicio se pronuncie (interés opuesto al impetrante de garantías).

[3] La última reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue publicada en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008.